¿Por qué la discriminación bancaria de los mineros? Principalmente por la desconfianza que genera la existencia, es cierto, de una economía ilegal paralela: la extracción ilícita de minerales.
En el marco de la II Cumbre Internacional Ecominera en Medellín, organizada por la Secretaría de Minas de la Gobernación, uno de los temas de preocupación fue analizar por qué el sector minero tiene prácticamente cerradas las puertas de los bancos y demás entidades financieras. Discriminación que dificulta el intercambio económico normal de cualquier empresa a cualquier escala, y que perjudica sobre todo a mineros de subsistencia o a pequeña escala – algunos ancestrales o artesanales – que se esfuerzan por trabajar dentro de los canales de la legalidad, pero que por cuenta de esta exclusión, terminan siendo condenados a la informalidad financiera o, peor aún, empujados al gota a gota y a la ilegalidad.
Si se tiene en cuenta que en Colombia de los 126.317 explotadores mineros autorizados 78,6% son de subsistencia, 11,1% con solicitud de legalización, 9,8% con título minero y 0,4% con subcontrato de formalización, se evidencia que la mayoría no ejerce la minería formalmente sino como actividad de subsistencia, esto, sin tener en cuenta un número mayor e indeterminado de mineros no autorizados para extraer minerales. En Antioquia el fenómeno es más marcado, puesto que de los 58.688 explotadores autorizados, el porcentaje de mineros de subsistencia sube al 91,7% (cifras ANM, 2022).
¿Por qué la discriminación bancaria de los mineros? Principalmente por la desconfianza que genera la existencia, es cierto, de una economía ilegal paralela: la extracción ilícita de minerales; pero también, por el desconocimiento entre financieros y mineros. Las problemáticas desatendidas en la cadena de comercialización del sector aurífero, incluyen la falta de información accesible y confiable; la percepción negativa del sector; los cuellos de botella en los procesos de formalización y legalización; el poco acceso a mercados justos de los pequeños. Lo que, entre otros, se traduce en una falta de trazabilidad y aumento de la vulnerabilidad de los mineros artesanales y a pequeña escala, que terminan siendo instrumentalizados y victimizados por grupos al margen de la ley. Y de paso, dificultando su acceso a la bancarización.
Junto con Asobancaria, ARM, ACM y APMC, como GDIAM-Antioquia hemos impulsado un proyecto piloto de bancarización, para identificar las necesidades de información que determinan el acceso al sistema financiero y favorecen la transparencia y confianza entre ambos sectores. De esta manera se ha podido evidenciar el estado de percepción de riesgos y de conocimiento de los procesos financieros, así como la importancia de la trazabilidad del minero y del origen del oro, y el fundamental acompañamiento del Gobierno (especialmente de la ANM, quien brilla por su ausencia) en la gestión de riesgos financieros.
También ha aparecido la necesidad de un enfoque diferencial de la debida diligencia de los bancos, que distinga los distintos tipos de mineros e instrumentos para reconocer (o no) su vocación de legalidad.
Aunque queda mucho camino por recorrer, continuaremos comprometidos con el desarrollo de una minería más incluyente, que contribuya con la resiliencia de los territorios y que sea más competitiva.
Por: Claudia Jiménez Jaramillo, Directora Ejecutiva y Miembro del GDIAM
