En el Bajo Cauca confluyen bastos territorios con una importancia ecosistémica única, unas posibilidades de desarrollo socioeconómico y rural importantes, basadas en su potencial agrícola y pecuario, sus recursos mineros y una población con una riqueza cultural y humana inmensa. Es por esto por lo que un turista desprevenido que llegara a la zona se sorprendería de encontrar que una región tan bien dotada en recursos humanos, naturales renovables y no renovables, es a su vez una de las zonas más golpeadas por la violencia y con los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas.
En efecto, el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño es una de las 16 subregiones PDET, las cuales están integradas por 170 municipios priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Esta subregión en particular está integrada por los municipios de Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedio, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza.
El abandono histórico del Estado y la presencia de grupos armados ilegales que oprimen a la población local con el objetivo de asegurar rentas asociadas con la extracción ilícita de minerales y cultivos ilícitos son las principales causas de esta situación, sin que los gobiernos locales, el gobierno central, e incluso organizaciones nacionales e internacionales de cooperación hayan podido cambiar significativamente la realidad de este territorio.
Este no es un secreto, de hecho, al preguntar al chat GPT (https://chat-gpt.org/) cuál es la principal conflictividad minera en el Bajo Cauca, este responde:
“La problemática minera en el Bajo Cauca Antioqueño en Colombia está relacionada con la minería ilegal y los grupos armados ilegales que controlan esta actividad en la región. La explotación de oro en la región ha causado impactos ambientales graves, como la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación del agua, lo que ha afectado la calidad de vida de las comunidades locales. Además, la minería ilegal ha generado una economía informal en la región y ha propiciado la violencia, el desplazamiento forzado y la vulneración de los derechos humanos de la población”.
En consecuencia, la subregión del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño registró durante 2022 una tasa de homicidios de 88 por 100,000 habitantes, la segunda más alta entre las subregiones PDET y más de tres veces la de Colombia, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General de la Policía Nacional. En el mismo año reportó 58 casos de extorsión y 309 reportes de desplazamiento forzado, de acuerdo con la misma fuente y la Fiscalía General de la Nación.
Además, estas zonas se caracterizan por padecer altos índices de pobreza, generando un círculo vicioso en el que la violencia trae más pobreza, pero la misma es consecuencia de la falta de oportunidades y protección de derechos fundamentales en estos municipios. Para tener una idea, basta con revisar las cifras de prevalencia de pobreza que publica el Departamento Nacional de Estadísticas – DANE[1].
En este contexto, recientes declaraciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Ministerio de Defensa, en las que anunciaron operativos contra de la extracción ilícita de minerales en estos territorios, motivaron que la mesa minera río Nechí, que representa a mineros ubicados en toda la vertiente de este río, anunciara la convocatoria de un paro minero. Además, esta situación fue aprovechada por grupos armados asociados a flagelos como el tráfico de drogas, extracción ilícita de minerales, extorsiones, secuestros y homicidios, entre otras actividades ilícitas.
Como consecuencia el pasado 2 de marzo se inició el bloqueo de las vías que comunican al departamento de Antioquia con el norte del país, restringiendo el movimiento de pasajeros y cargas, generando escasez de combustibles y alimentos, profundizando así la grave situación social en la subregión de Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Sin embargo, esta situación se habría podido evitar si el Estado contara con los insumos necesarios para efectuar una regulación diferenciada, que combata a las estructuras criminales asociadas con la extracción ilícita de minerales y, las diferencie de mineros que no cumplen el total de los requisitos de Ley para operar, pero no necesariamente por falta de voluntad, a quienes el Estado debe intervenir de forma que puedan dar el salto a la formalidad.
Al respecto el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) ha desarrollado una propuesta de tipología minera que va más allá de las definiciones del actual Código de Minas (Ley 685 de 2001) y el Decreto 1666 de 2016. Como se observa en la siguiente tabla, para regular al sector minero, el Estado debe reconocer que existen distintos tipos de minería: artesanal, formal, informal e ilegal y, que todas estas se diferencian radicalmente de la extracción ilícita de minerales, en la medida en que esta última se dedica a la financiación de actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Fuente: GDIAM, 2021
A su vez, cada tipo de minería se caracteriza por tener una escala diferente y esto tiene una importancia fundamental en la comprensión de los distintos fenómenos que se describen en la tabla anterior. Por ejemplo, la minería artesanal se caracteriza por generar unos volúmenes de producción bajos que la llevan a ser clasificada, de acuerdo con el Decreto 1666 de 2016 como de subsistencia o pequeña escala. Por su parte, la minería formal, es decir aquella que cuenta con un título minero, un permiso ambiental y, en general, que cumple con todos los requisitos de Ley para operar, puede ser de cualquier escala.
En contraste, el minero informal es aquel que no cumple con todos los requisitos de Ley, tiene voluntad de formalizarse, pero no ha logrado hacerlo porque a su escala (subsistencia y pequeña) la regulación que enfrenta se convierte en una barrera. Esto lo diferencia del minero ilegal que, tampoco cumple con todos los requerimientos de Ley, a pesar de que a su escala (mediana y grande) podría hacerlo, lo que evidencia una falta de voluntad. Finalmente, está la extracción ilícita de minerales que, cuya principal problemática no es que tenga o no título minero o permiso ambiental, sino que se asocia con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
En este sentido, es evidente que la gran problemática que estamos observando en el Bajo Cauca se asocia con actores, en ocasiones violentos y, en el mejor de los casos, ilegales de mediana y gran escala, quienes demandan un tratamiento benévolo por parte del Estado, cuando al mismo tiempo han sido el factor principal de contaminación de las fuentes de agua y cobertura boscosa en la región.
Así mismo, se trata de actores, en ocasiones externos, responsables de impactos sociales y ambientales profundos, que terminan victimizando a empresas mineras que cumplen con todos los requisitos de Ley y a mineros artesanales que subsisten de esta actividad y ven cómo estas acciones afectan zonas que tradicionalmente habían sido aprovechadas de forma sostenible por técnicas no mecanizadas y atadas a prácticas culturales ancestrales.
En este contexto, vale la pena recordar que el Ministerio de Minas y Energía, con varias organizaciones de mineros artesanales y el GDIAM, son postulantes en el proceso de reconocimiento de la Minería Artesanal Ancestral – MIAA como patrimonio cultural inmaterial de Colombia, ante el Ministerio de Cultura. Este proyecto ya superó la etapa de postulación y se encuentra en el proceso de elaboración del Plan Especial de Salvaguardia, por lo que se esperaría que en 2024 se conozca si esta práctica minera forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, lo cual sería sólo un paso más hacia la visibilización, dignificación y protección de la MIAA.
Al final, el Gobierno nacional debe definir con quién se dialoga en el Bajo Cauca Antioqueño.
Autor: Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM)
[1] Para efectos de este artículo se usa el índice de pobreza multidimensional y no el de pobreza monetaria, toda vez que el primero no habla del porcentaje de personas que no alcanzan determinado umbral de ingresos, sino del porcentaje de personas que se consideran pobres por estar expuestas a varios de los siguientes fenómenos: analfabetismo, inasistencia escolar, bajo logro educativo, rezago escolar, trabajo infantil, barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia, déficit de servicios de salud, desempleo de larga duración, informalidad laboral, hacinamiento crítico, falta de infraestructura para la disposición de desechos, materiales inadecuados en las viviendas (paredes exteriores, pisos) y falta de acceso a agua mejorada.
Así, de acuerdo con el DANE con base en el índice de pobreza multidimensional, en 2021 el 28,7% de los hogares en los municipios PDET vivieron en condición de pobreza. Al analizar aquellos ubicados en los centros poblados y rural disperso de los municipios PDET, este porcentaje subió al 38,2%. Para poner estas cifras en contexto, en el mismo año el 16% de los hogares colombianos se clasificaron en condición de pobreza multidimensional y el 31% de aquellos ubicados en centros poblados y rural disperso.
A nivel de subregiones, el 52,5% de los hogares en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño se encuentran en situación de pobreza, siento especialmente crítica la situación de trabajo informal, en el que 88,5% de los hogares están expuestos a baja calidad de empleos; 73,3% por cuenta del bajo logro educativo; 41,3% no cuentan con sistemas de eliminación de residuos y aguas residuales; 29,5% no cuentan con fuentes de agua mejorada; 28% con rezago escolar; sólo por nombrar algunos.
