El paro minero del Bajo Cauca levantado formalmente el pasado 6 de abril, no responde a una situación coyuntural, sino a una complejidad estructural por déficit de gobernanza que requiere una intervención de largo plazo y no de extinguidores para apagar los repetidos incendios de orden público y las demandas e insatisfacciones de los distintos tipos de mineros que coexisten en la región.
El Bajo Cauca ha sido una región fundamental para el país y para los grupos ilícitos que se ubican en el corredor geoestratégico entre Venezuela y Panamá, en donde también se evidencian altos niveles de corrupción y de contrabando, que históricamente han generado conflictos sucesivos resueltos por medio de compromisos cortoplacistas y sin una lucha real contra las actividades al margen de la Ley, que naturalmente han migrado del cultivo ilegal a la extracción ilícita de minerales por los incrementos en el precio del oro y la posibilidad del reintegro de dicha renta al sistema a través de su monetización.
En este panorama, la anunciada reforma del código minero y la oportunidad que expone el proceso de diálogo abierto por el Gobierno Nacional para abordar la situación del Bajo Cauca se presenta con pertinencia para pensar sobre la comprensión, la articulación, y la intervención inteligente en una región en la que participan múltiples actores de forma permanente, y que se caracteriza, de forma paradójica, por ser la zona más rica y más pobre del departamento de Antioquia.
En este sentido, desde el GDIAM proponemos lo siguiente:
- Entender la tipología minera y diseñar una manera diferencial de aproximarse a la minería artesanal ancestral – MIAA, a la minería informal, a la minería formal a pequeña, mediana y gran escala, y a la extracción ilícita de minerales.
- Realizar un censo minero que permita caracterizar efectivamente los distintos tipos de minería, sus necesidades y las medidas de política pública apropiadas para cada uno de ellos.
- Fomentar alianzas socio-público-privadas que promuevan procesos de formalización, cierres de minas y gestión de pasivos ambientales, el mejoramiento de las condiciones de vida del entorno y la total transparencia en el uso de los recursos.
- Insistir en la formalización a través de la inclusión financiera, la creación de una ventanilla única para trámites en el territorio atendiendo al criterio de subsidiariedad, la promoción de programas progresivos de cumplimiento con enfoque diferencial por tipo de minería y la creación de una institución de naturaleza mixta que otorgue viabilidad y sostenibilidad a la minería formal (o en proceso de serlo) de pequeña y mediana escala.
- Crear mesas permanentes de diálogo y coordinación – Mesas DICO, que permitan la articulación entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil, con el fin de establecer un diálogo preventivo que respete y fortalezca la institucionalidad democrática, transforme las relaciones conflictivas en colaborativas, y contribuya a la construcción de consensos sobre una visión compartida a propósito del desarrollo sostenible del Bajo Cauca, en el que se garanticen todos los intereses legítimos, incluyendo los de las comunidades.
- Intensificar la lucha por parte de la fuerza pública contra la extracción ilícita de minerales en toda la cadena productiva.
- Proteger a la minería artesanal ancestral – MIAA, a través de la formulación e implementación de un Plan Especial de Salvaguardia y apoyar su candidatura como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. La MIAA se destaca como una práctica parte integrante de los sistemas productivos rurales diversificados, realizada en su mayoría por mujeres madres cabeza de familia de comunidades étnicas, con un alto grado de identidad, fundamentada en valores como la justicia social, la solidaridad, la honestidad, el respeto a la naturaleza y la sostenibilidad.
- Conformar una Misión de Ordenamiento Territorial que permita atender la superposición de atribuciones; armonizar los instrumentos de asociatividad; crear mecanismos que fortalezcan las capacidades de las instituciones locales; asegurar la inclusión de las variables subsuelo, agua y cambio climático; y otorgar garantías a un diálogo intercultural permanente y a las formas de concepción y ordenamiento de los territorios étnicos.
- Considerar el alcance de los enfoques de género y étnico mediante la implementación de la política y los lineamientos de género, y, entre otros, la reglamentación de los capítulos IV y V de la Ley 70 de 1993, y su equivalente para comunidades indígenas.
- Deslegitimar las vías de hecho como forma de alcanzar objetivos sociales, económicos o criminales ya que atentan contra la seguridad de los territorios, el modelo de desarrollo económico, las prácticas culturales y la soberanía nacional.
En cualquier caso, el país debe orientarse hacia un modelo de diálogo que garantice una minería incluyente, que coordine a todos los actores del territorio, excepto a los ilícitos, y que se apalanque en buenas prácticas empresariales, valores culturales y decisiones institucionales articuladas entre los distintos niveles de Gobierno. Solo de esta manera, el Bajo Cauca, las regiones mineras, y el país, podrán superar la convulsionada situación coyuntural y proporcionar una solución estructural de gobernanza para la región.
Autor: Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) – Capítulo GDIAM Antioquia
