Para nadie es un secreto que el sector minero es altamente masculinizado y se presenta una invisibilización de la mujer, conforme se evidencia en el Informe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, publicado en 2022. Allí se señala que en Colombia, por cada mujer empleada de forma directa, hay 10 hombres empleados; relación que baja a 4 hombres por cada mujer para el caso de empleos indirectos.
En el mismo sentido, el reporte Mujeres y la Minería del Futuro, publicado en 2023 por el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, señala que en Colombia la participación de la mujer en la minería empresarial es 11%, un nivel comparable con Argentina, Brasil, Chile, Perú y Zambia, pero por debajo de Australia (15%), Mongolia (16%), Canadá (19%) o Suecia (25%).
Más preocupante, es el hecho de que, según el mismo reporte, el 60% de las mujeres empleadas en esta industria en el país no tienen educación secundaria, reflejando la situación más crítica dentro de los países analizados, especialmente en relación con Chile, Brasil, Mongolia, o Suecia, cuyo porcentaje no supera el 10%.
En el caso de la minería artesanal y de pequeña escala, el GÉNESIS, sistema de registro de minería de subsistencia de la Agencia Nacional de Minería, evidencia que, a mayo de 2022, en Colombia existían más de 90 mil mineros de subsistencia, de los cuales el 51,4% eran mujeres, en su gran mayoría cabeza de hogar, dedicadas principalmente a la extracción de metales preciosos mediante barequeo en los ríos y quebradas y, selección de materiales en los desmontes, descoles y desechos abandonados o activos de minas industriales y/o de pequeña y mediana escala.
Lo anterior resulta preocupante si se tiene en cuenta que quienes trabajan en las colas o desechos de otros proyectos mineros, lo hacen en su mayoría (más del 70%) sin condiciones de salud en el trabajo o usando tecnologías limpias, siendo expuestas a materiales tóxicos y condiciones pobres de trabajo. Más crítico aún, siendo este un fenómeno que no capturan las estadísticas de GÉNESIS, es que según la Fundación Alianza por la Minería Responsable y MIT D-Lab (2020) en muchos casos la posibilidad de acceder al mineral depende de los propietarios de pequeñas minas u operadores de retroexcavadoras, lo que frecuentemente lleva a diversas formas de explotación y vulneración de derechos, incluyendo violencia sexual. El acceso a mineral, a mercados legales y justos, a registro en GÉNESIS, a capacitación y apoyo es escaso para las mujeres mineras artesanales (llamadas de subsistencia).
La población femenina que vive de la minería de subsistencia en su mayoría sabe leer y escribir (más del 93%) y tiene algún grado de escolaridad (más del 93%). No obstante, se trata de mujeres que, en su mayoría no habitan vivienda propia (más del 86%) y tienen personas a cargo (más del 95%). Es decir, además, de laborar en estas condiciones, las mujeres dedicadas a este tipo de minería tienen una alta carga del cuidado familiar y pocas oportunidades de estudio o diversificación productiva. A pesar de que el GÉNESIS se ha prestado para robo de cédulas y registros de personas no mineras, también es cierto que muchas mujeres mineras no están registradas y por diversas razones venden por intermedio de hombres.
En este contexto, es prioritario que el Estado, organismos de cooperación internacional y la sociedad civil en general, apoyen la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia de la Minería Ancestral Artesanal (MIAA) de metales preciosos como patrimonio cultural inmaterial de Colombia, proceso aprobado por el Consejo de Patrimonio en 2021. Ello permitirá conocer el estado actual de la práctica, de modo que pueda lograrse la visibilización que requiere para articular políticas diferenciadas que la protejan como parte fundamental de la conservación de territorios étnicos y campesinos, y, especialmente, de las cientos de mujeres que la practican.
Autor: Cristina Echavarría Usher, miembro del GDIAM Nacional
